En el último día de mayo, la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue protagonista de un confuso episodio que ha generado polémica tanto en la opinión pública como en las instituciones estatales. Según la denuncia presentada por la propia edil, la tarde de ese domingo llegó a su domicilio acompañada de su madre y su hermana, cuando un automóvil se detuvo cerca y de él descendió un hombre armado que la amenazó y la obligó a subir a otro vehículo. Minutos después, la alcaldesa logró comunicarse con sus familiares desde un teléfono proporcionado por uno de los presuntos secuestradores, solicitando el pago de un rescate de 40 millones de pesos y sugiriendo que, si era necesario, se tomaran recursos de las arcas municipales. Menos de una hora después, ya con la policía municipal en persecución de los captores, Nancy Nápoles aprovechó un descuido para escapar y solicitar ayuda en un camino de terracería en las afueras de Tenancingo.
Al día siguiente, Nancy Nápoles formalizó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de México, pero su relato estuvo marcado por inconsistencias. Relató que un auto rojo, con dos hombres y una mujer, se le acercó; uno de los hombres descendió, la sujetó del brazo y la amenazó con un arma de fuego, aunque tuvo tiempo de entregar sus pertenencias a un familiar. Además, afirmó que los captores aseguraron haber sido enviados para matarla a ella y a miembros de su familia, exigiendo los 40 millones de pesos para liberarla. Según su declaración, durante el trayecto hacia una comunidad lejana, logró escapar y pedir ayuda en una casa cercana, desde donde contactó a su esposo para alertar de su situación.
Aunque la alcaldesa salió ilesa y denunció los hechos por su propio pie, la Fiscalía estatal no cerró el caso. Al contrario, inició una investigación para esclarecer lo sucedido y, días después, anunció la detención de tres personas vinculadas al caso, quienes habían huido al Estado de Oaxaca. Además, informó sobre la acción penal en contra de la propia edil, su esposo y su cuñado, al sospechar que el secuestro había sido simulado desde febrero. De acuerdo con la Fiscalía, Nancy Nápoles habría indicado a los presuntos secuestradores la ruta para evitar cámaras de seguridad y, al saber que un testigo había denunciado el rapto, contactó a su hermana para advertirle que «todo se salió de control», pidiéndole suspender la operación.
Tenancingo, municipio con unos 100 mil habitantes en el sur del Estado de México, se encuentra en una región donde la privación ilegal de la libertad es un delito recurrente. Según la organización Alto al Secuestro, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum se han registrado 109 casos, cifra superior a las denuncias oficiales. El presunto secuestro de la alcaldesa ocurre en un contexto político complejo, pues Nancy Nápoles, militante de Morena desde 2017, llegó al cargo tras vencer en las elecciones de 2024. La confrontación con la Fiscalía y el Gobierno estatal, ambos también bajo la bandera de Morena, ha desatado una crisis política, ya que la autoridad la acusa de haber fingido el delito para encubrir un desfalco en la administración municipal por el valor del supuesto rescate solicitado.
En respuesta, la alcaldesa se ha mantenido firme en su versión y ha denunciado presiones políticas y discriminación. En un video publicado en su página de Facebook, afirmó haber atendido todas las citaciones y ofrecido pruebas, pero denunció un trato discriminatorio y manipulado por parte de las autoridades. Señaló a funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México de orquestar la acusación en su contra con fines políticos, especialmente de cara a las elecciones municipales de 2027. Nancy Nápoles acusó directamente al secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, de ser el artífice de la maniobra, y reiteró que su administración del erario ha sido honesta y transparente. Sin embargo, tras su pronunciamiento, la dirigencia nacional de Morena inició un procedimiento para suspenderle sus derechos partidarios, subrayando que no habrá tolerancia ante conductas que contradigan los principios del partido.
