La presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, fue vinculada a proceso por el delito de secuestro simulado, aunque un juez del Poder Judicial del Estado de México autorizó la suspensión condicional del procedimiento durante seis meses. Esta medida le permitirá continuar al frente del Ayuntamiento mientras cumple una serie de obligaciones impuestas por la autoridad judicial. La resolución fue emitida tras una audiencia que se extendió por casi 12 horas en los juzgados de Tenancingo y que se realizó de forma privada, a petición de la propia alcaldesa, quien solicitó restringir el acceso tanto al público como a los medios de comunicación.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la vinculación a proceso se dio únicamente por el delito de secuestro simulado, luego de que el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar el procedimiento penal correspondiente. No obstante, la aprobación de la suspensión condicional implica que Nancy Nápoles no será separada de su cargo y podrá continuar desempeñando sus funciones como presidenta municipal, siempre que cumpla con las condiciones establecidas durante el periodo de suspensión.
La acusación en contra de la presidenta municipal señala que el pasado 31 de mayo habría simulado su propio secuestro, presuntamente con la complicidad de su esposo, su cuñado y otras personas. Según la investigación ministerial, el objetivo de esta simulación habría sido ocultar el presunto desvío de alrededor de 40 millones de pesos de recursos municipales. Nancy Nápoles ha rechazado estas acusaciones y, previamente, solicitó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México que revisara las finanzas del Ayuntamiento para esclarecer el manejo de los recursos públicos.
Como parte de las condiciones impuestas por el juez para la suspensión condicional del proceso, la alcaldesa deberá cumplir diversas obligaciones, cuyo incumplimiento podría provocar la reactivación del procedimiento penal. Entre estas obligaciones figuran presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, no salir del país sin autorización, someterse a vigilancia y abstenerse de acercarse a las personas vinculadas con la investigación. La Fiscalía ha informado que, además de la presidenta municipal, tres personas más ya fueron vinculadas a proceso por estos hechos, y permanecen vigentes órdenes de aprehensión contra el esposo y el cuñado de la funcionaria.
La resolución judicial generó momentos de tensión entre los habitantes de Tenancingo que se encontraban en las inmediaciones de los juzgados, donde algunos manifestantes expresaron su inconformidad con la decisión tomada por el juez, lo que derivó en incidentes menores al finalizar la audiencia. Las autoridades precisaron que la investigación relacionada con el presunto desvío de recursos públicos continúa por separado y podría derivar en nuevos procesos penales si se acredita un daño al erario. En caso de acreditarse plenamente la responsabilidad de la presidenta municipal al concluir el procedimiento, el delito de secuestro simulado contempla sanciones que pueden incluir hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, además de otras responsabilidades derivadas de la investigación financiera.
